El comercio informal y la microempresa son los más golpeados por las extorsiones en la zona oriental. Foto Diario Co Latino
Redacción Diario Co Latino
La Cámara de Comercio sostiene que de continuar las “extorsiones” la economía de la región oriental de El Salvador podría “colapsar”. Por ello es que los empresarios presentarán a las autoridades, una propuesta de plan de seguridad para la ciudad migueleña.
“Los negocios cerrados por las extorsiones van desde los microempresarios, hasta las empresas grandes, desde comerciantes del sector informal, hasta el que está legalmente constituido. La población entera está siendo extorsionada”, dijo a Diario Co Latino el presidente de la instancia privada en San Miguel, José Gilberto Herrera.
Ante las extorsiones, la Fiscalía Regional de San Miguel ha dicho que la “primera línea de investigación” en este municipio es el delito de extorsión, aunque de manera oficial solo reconoce el asesinato y posterior calcinación de un empresario que habría rehusado pagar el dinero de una extorsión a pandilleros.
“Si el problema (de las extorsiones) continúa, la economía de San Miguel y de la Zona Oriental va a colapsar, puesto que no hay inversión, ni poder de compra de nuestra población por el desempleo”, advirtió Herrera, tras afirmar que “el comerciante está cansado de estar pagando las extorsiones y al mismo tiempo impuestos al gobierno”.
De enero a la fecha han sido asesinadas, en la ciudad de San Miguel, 188 personas, 50 más que el mismo período del año pasado, aunque la mayoría los fallecidos son supuestos delincuentes, según un reporte de la policía.
El Jefe de la Fiscalía Regional de San Miguel, Daniel Domínguez, explicó, que no hay crímenes por el no pago de un chantaje, que “cuando llegamos a procesar la escena del crimen, nos nace de que probablemente (el homicidio) ha sido por no pagar la “renta”, pero al constatar los registros fiscales, no nos aparece ninguna denuncia de la persona fallecida”.
“El empresario está prácticamente desprotegido, porque no tiene dónde ir y para sobrevivir, lo que está haciendo es pagar (la extorsión) o cerrando sus negocios”, explicó Herrera.
Domínguez dijo que de enero al 24 de julio de 2009 se contabilizan 428 denuncias por el delito de extorsión en el departamento de San Miguel, 364 de las cuales se han registrado solo en la cabecera departamental.
Las pérdidas económicas por la extorsiones “son grandes” y las ventas han caído un 40 por ciento, “lo que significa que no solo están perdiendo los comerciantes, sino que los industriales que son los que proveen los productos y también el gobierno, pues deja de percibir impuestos”, aseguró el empresario.
En el mismo período, la Fiscalía ha logrado la condena de 59 pandilleros acusados del delito de extorsión, reveló Domínguez, tras detallar que tres policías destacados en la Delegación de San Miguel –un sargento y dos agentes, uno de ellos prófugo – fueron arrestados hace un mes por “colaborar” con las extorsiones con una “clica” de una pandilla que operaba en el oeste de la ciudad.
Herrera aseguró que entre las víctimas de los extorsionistas existe “mucha desconfianza” hacia la policía al querer denunciar el delito, “por los casos que la población ha experimentado al poner sus denuncias”.
Al respecto, Domínguez aseguró que la misma Fiscalía tiene “sospechas” de que en la policía haya más agentes que participen en las extorsiones, “sobre todo cuando la misma ciudadanía nos alerta al respecto y tiene la confianza en venirnos a decir que más han tardado en poner la denuncia (a la PNC), en que los pandilleros le vuelvan a llamar para decirles que saben que los han denunciado”.
El presidente de la Cámara de Comercio no descarta de que los extorsionistas sean comandados por delincuentes que se encuentran encarcelados, “por la facilidad que tienen los reos de las diferentes cárceles de esta región de comunicarse por medio de teléfonos celulares y dirigir desde allí sus estructuras delincuenciales”.
“Las autoridades penitenciarias no han podido evitar que ingresen dichos aparatos a las cárceles”, subrayó.
De hecho, Domínguez reveló que el medio más utilizado por los delincuentes para extorsionar a sus víctimas, es el teléfono, tras basar su afirmación en las 340 quejas por ese delito, de las 428 reportadas en el departamento, recibidas a través de ese medio.
Aunque Herrera desconoce la cifra de desempleados por el cierre de negocios a causa de las extorsiones, sí conoce de empresas capitalinas que han clausurado sus sucursales en San Miguel por ese flagelo, incluso, algunos empresarios que tenían planes de expandir sus negocios en el oriente salvadoreño, los han suspendido y “esto viene a agravar más el problema del desempleo”.
La ciudad de San Miguel ocupa cerca del 85 por ciento de las denuncias por extorsión de la zona oriental del país, donde el 58 por ciento de las víctimas son hombres, y el 42 por ciento mujeres, según la Fiscalía.
Herrera reveló que para intentar combatir ese flagelo los empresarios han mantenido reuniones “constantes” con las autoridades locales, incluidos representantes de la PNC y del ejército, a fin de buscar una salida al problema de las extorsiones.
El empresario reveló que presentarán a las autoridades locales una propuesta de plan de seguridad llamada “San Miguel, ciudad segura”, que tiene previsto contar con el apoyo del organismo oficial Seguridad Ciudadana.
La Fiscalía ha advertido que llevará al banquillo de los acusados a policías, comerciantes, empresarios y servidores públicos, y “cualquier tipo de imputado” en el delito de extorsión, porque “todos serán procesados”
“Los negocios cerrados por las extorsiones van desde los microempresarios, hasta las empresas grandes, desde comerciantes del sector informal, hasta el que está legalmente constituido. La población entera está siendo extorsionada”, dijo a Diario Co Latino el presidente de la instancia privada en San Miguel, José Gilberto Herrera.
Ante las extorsiones, la Fiscalía Regional de San Miguel ha dicho que la “primera línea de investigación” en este municipio es el delito de extorsión, aunque de manera oficial solo reconoce el asesinato y posterior calcinación de un empresario que habría rehusado pagar el dinero de una extorsión a pandilleros.
“Si el problema (de las extorsiones) continúa, la economía de San Miguel y de la Zona Oriental va a colapsar, puesto que no hay inversión, ni poder de compra de nuestra población por el desempleo”, advirtió Herrera, tras afirmar que “el comerciante está cansado de estar pagando las extorsiones y al mismo tiempo impuestos al gobierno”.
De enero a la fecha han sido asesinadas, en la ciudad de San Miguel, 188 personas, 50 más que el mismo período del año pasado, aunque la mayoría los fallecidos son supuestos delincuentes, según un reporte de la policía.
El Jefe de la Fiscalía Regional de San Miguel, Daniel Domínguez, explicó, que no hay crímenes por el no pago de un chantaje, que “cuando llegamos a procesar la escena del crimen, nos nace de que probablemente (el homicidio) ha sido por no pagar la “renta”, pero al constatar los registros fiscales, no nos aparece ninguna denuncia de la persona fallecida”.
“El empresario está prácticamente desprotegido, porque no tiene dónde ir y para sobrevivir, lo que está haciendo es pagar (la extorsión) o cerrando sus negocios”, explicó Herrera.
Domínguez dijo que de enero al 24 de julio de 2009 se contabilizan 428 denuncias por el delito de extorsión en el departamento de San Miguel, 364 de las cuales se han registrado solo en la cabecera departamental.
Las pérdidas económicas por la extorsiones “son grandes” y las ventas han caído un 40 por ciento, “lo que significa que no solo están perdiendo los comerciantes, sino que los industriales que son los que proveen los productos y también el gobierno, pues deja de percibir impuestos”, aseguró el empresario.
En el mismo período, la Fiscalía ha logrado la condena de 59 pandilleros acusados del delito de extorsión, reveló Domínguez, tras detallar que tres policías destacados en la Delegación de San Miguel –un sargento y dos agentes, uno de ellos prófugo – fueron arrestados hace un mes por “colaborar” con las extorsiones con una “clica” de una pandilla que operaba en el oeste de la ciudad.
Herrera aseguró que entre las víctimas de los extorsionistas existe “mucha desconfianza” hacia la policía al querer denunciar el delito, “por los casos que la población ha experimentado al poner sus denuncias”.
Al respecto, Domínguez aseguró que la misma Fiscalía tiene “sospechas” de que en la policía haya más agentes que participen en las extorsiones, “sobre todo cuando la misma ciudadanía nos alerta al respecto y tiene la confianza en venirnos a decir que más han tardado en poner la denuncia (a la PNC), en que los pandilleros le vuelvan a llamar para decirles que saben que los han denunciado”.
El presidente de la Cámara de Comercio no descarta de que los extorsionistas sean comandados por delincuentes que se encuentran encarcelados, “por la facilidad que tienen los reos de las diferentes cárceles de esta región de comunicarse por medio de teléfonos celulares y dirigir desde allí sus estructuras delincuenciales”.
“Las autoridades penitenciarias no han podido evitar que ingresen dichos aparatos a las cárceles”, subrayó.
De hecho, Domínguez reveló que el medio más utilizado por los delincuentes para extorsionar a sus víctimas, es el teléfono, tras basar su afirmación en las 340 quejas por ese delito, de las 428 reportadas en el departamento, recibidas a través de ese medio.
Aunque Herrera desconoce la cifra de desempleados por el cierre de negocios a causa de las extorsiones, sí conoce de empresas capitalinas que han clausurado sus sucursales en San Miguel por ese flagelo, incluso, algunos empresarios que tenían planes de expandir sus negocios en el oriente salvadoreño, los han suspendido y “esto viene a agravar más el problema del desempleo”.
La ciudad de San Miguel ocupa cerca del 85 por ciento de las denuncias por extorsión de la zona oriental del país, donde el 58 por ciento de las víctimas son hombres, y el 42 por ciento mujeres, según la Fiscalía.
Herrera reveló que para intentar combatir ese flagelo los empresarios han mantenido reuniones “constantes” con las autoridades locales, incluidos representantes de la PNC y del ejército, a fin de buscar una salida al problema de las extorsiones.
El empresario reveló que presentarán a las autoridades locales una propuesta de plan de seguridad llamada “San Miguel, ciudad segura”, que tiene previsto contar con el apoyo del organismo oficial Seguridad Ciudadana.
La Fiscalía ha advertido que llevará al banquillo de los acusados a policías, comerciantes, empresarios y servidores públicos, y “cualquier tipo de imputado” en el delito de extorsión, porque “todos serán procesados”
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